El monitoreo de los pueblos para el derecho a la alimentación y a la nutrición 

Manifesto político

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La población mundial, especialmente la del hemisferio sur, viene enfrentándose a un incremento en los niveles de violencia en todas sus formas que, directa o indirectamente, repercute enormemente sobre la realización del derecho humano a una alimentación adecuada y a la nutrición (DANA) y otros derechos relacionados. La gran mayoría de las violaciones del DANA están asociadas con las acciones u omisiones de las autoridades de los Estados, y con los abusos y crímenes perpetrados por las corporaciones transnacionales (TNC) y otras empresas. Estos actos de violencia pueden adquirir una multitud de formas: acaparamiento de tierras, desalojos forzosos, matrimonios infantiles y violencia de género, trabajos forzosos, utilización abusiva de agroquímicos en la industria agraria, con sus consecuencias negativas sobre la salud y el medio ambiente, criminalización de las personas que lideran los movimientos sociales y defienden los derechos humanos, acaparamiento de los océanos y zonas de pesca, publicidad agresiva de la comida basura y promoción del cambio climático. Estas violaciones generan hambre, malnutrición, la perdida de medios de subsistencia y la reducción de la calidad de vida, y reflejan tanto la falta de soberanía de las personas sobre sus propias vidas y cuerpos, como la indiferencia de los Estados a las necesidades y prioridades de la población, lo que implica el quebrantamiento de sus obligaciones, internacionalmente asumidas, en materia de derechos humanos.  

Para hacer frente a estos problemas, las personas a título individual, y las comunidades y grupos de base se han organizado de diferentes maneras para resistir este incremento de la violencia ejercida por poderosos actores a nivel local, nacional e internacional. Los diversos esfuerzos se han intensificado recientemente con el objetivo de construir una convergencia de las diferentes luchas por la tierra, el agua, las semillas, la soberanía alimentaria, la salud, y unas condiciones de trabajo dignas, partiendo de algunos procesos que se desarrollan a nivel local, nacional o regional, como por ejemplo, en África Occidental y Latinoamérica.    

La Red Mundial por el Derecho a la Alimentación y la Nutrición (RMDA),[i] lanzada en 2013, desempeña una importante función de apoyo en muchos de estos procesos. La Red considera que el marco proporcionado por los derechos humanos debería interpretar una función fundamental, sirviendo como guía y facilitador en la unificación de las luchas populares, y fortaleciendo la capacidad de las personas para hacer responsables a sus gobiernos y promocionar una coherencia política. Dicha coherencia en las legislaciones debería encaminarse hacia la realización progresiva del derecho humano a una alimentación adecuada y a la nutrición y otros derechos relacionados, y hacia el aumento de la soberanía alimentaria de las personas, comunidades y países.

Antecedentes: ¿Por qué una herramienta alternativa de monitoreo?

Desde el año 2000, con la formulación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), el monitoreo y la generación de datos se están convirtiendo en unas herramientas cada vez más importantes para poder respaldar la toma de decisiones políticas y las intervenciones. Aun así, siempre es importante cuestionar los datos: ¿de dónde vienen y a quién benefician dichos datos?, ¿qué se está midiendo? El problema con el monitoreo del hambre reside en que, como concepto, es algo que puede definirse y medirse de variadas maneras. Estas mediciones a menudo sirven unos intereses políticos específicos, lo que, en realidad, influencia profundamente los métodos[ii] y los resultados. Diferentes organismos como el Banco Mundial, el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (Índice Global del Hambre), UNICEF, la OMS, y por su puesto la FAO (Estado de la Inseguridad Alimentaria), han presentado diversas mediciones y métodos para calcular el número de personas afectadas por el hambre y la malnutrición en el mundo. Todos estos métodos, aunque puedan servir como generadores de información interesante, fracasan a la hora de ofrecer una visión integral de cómo se puede medir el hambre, al descuidar algunos asuntos relacionados con la distribución de los alimentos o mostrarse insensibles ante las crisis a corto plazo, y al no contemplar las múltiples dimensiones, causas estructurales y consecuencias del hambre.[iii]    

Los actuales sistemas de monitoreo de la inseguridad alimentaria se basan principalmente en la medición cuantitativa de la ingesta de calorías, de los ingresos y los gastos relacionados con la alimentación, o de la producción agrícola entre otros, centrándose en los resultados a nivel individual y doméstico. Dichos sistemas de monitoreo raramente abordan los asuntos de discriminación relacionados con el estatus socioeconómico, el género o la raza/etnicidad, la privación de derechos, los patrones de propiedad y acceso a la tierra, del trabajo y el capital, dejando de lado evaluaciones más cualitativas del bienestar y las capacidades humanas. Por otro lado, las personas afectadas por la inseguridad alimentaria y la malnutrición tienden a ser consideradas como meros objetos del monitoreo, y no como sujetos con voz a la hora de definir qué debe monitorearse y cómo, y qué intervenciones políticas deben diseñarse a partir de los datos recogidos.     

Los instrumentos de derechos humanos[iv] están siendo utilizados cada vez más por los movimientos sociales, no solo para defender a sus miembros de graves abusos y violaciones de los derechos humanos, sino también para desarrollar políticas y legislaciones públicas que permitan crear las condiciones estructurales necesarias para el ejercicio de los derechos humanos y sociales. El marco del derecho a la alimentación ha sido incorporado tanto a nivel nacional, como en los niveles regional e internacional. Este progreso, y su posible impacto sobre la calidad de vida de la población, no han sido capturados por los actuales informes de monitoreo de la seguridad alimentaria y nutricional, como sucede por ejemplo con SOFI. De hecho, no se incluyen indicadores de monitoreo de la participación popular, la gobernanza, la rendición de cuentas y la coherencia de las políticas con los derechos humanos, ni se relacionan con el resto de los factores que afectan la realización del derecho a la alimentación y la nutrición. 

El monitoreo en el advenimiento de los ODS

La adopción formal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible[v] marcó el comienzo de una nueva fase para el desarrollo del monitoreo, lo que se tradujo en que ahora todos los países trabajan para reflejar los ODS en sus respectivos contextos nacionales, a través del desarrollo de un plan nacional de desarrollo. La implementación de los ODS será monitoreada a través de un conjunto de unos 233 indicadores globales[vi] que se adoptaron por la Asamblea General de la ONU en la primera mitad de 2016. El proceso de monitoreo se llevará a cabo en los niveles nacional, regional y mundial, y también girará en torno a análisis temáticos.  

Mientras los indicadores de medición del progreso de los ODS seguían adelante, se hizo cada vez más claro que los mismos fracasarían a la hora de responder a las necesidades y las exigencias de la sociedad civil. Estos indicadores se niegan a incorporar un enfoque de derechos humanos, subestiman las obligaciones legales que emanan de la normativa de derechos humanos, promueven un giro peligroso que prioriza la “multilateralidad” sobre los titulares de derechos, y además libera al Estado de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Existe el riesgo de que la implementación de los ODS pueda promover unos esquemas de “desarrollo” dirigidos por las corporaciones, así como un enfoque con indicadores basados en datos, en el que no se tenga en cuenta la evaluación de los progresos logrados o de las causas estructurales del hambre y la malnutrición de las personas más afectadas por ambos problemas. La excesiva concentración en la mera recopilación de datos distorsiona la realidad sobre el terreno, en vez de servir para evaluar las causas estructurales de la inseguridad alimentaria y nutricional en el mundo, como la desigualdad, la pobreza y la malnutrición, y a su vez también fracasa al no afrontar los asuntos prioritarios para aquellas personas más afectadas por la violación de los derechos humanos.[vii]

A pesar de estos desafíos, los ODS dominarán el discurso mundial y la agenda de desarrollo durante los próximos 15 años. Aun así, el monitoreo propuesto por los mismos no debería reducir las acciones y prioridades de las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos de base a simples hojas de recogida de datos e indicadores claros del progreso a nivel internacional. Por el contrario, las prioridades de las comunidades deberían formar parte de la interpretación de los ODS, verse reflejadas en los datos recopilados y formar parte de las decisiones políticas.   

Desafíos para la Sociedad Civil

Es importante que los esfuerzos de la sociedad civil se dediquen a llenar el vacío dejado por los ODS, o las inevitables lagunas en el monitoreo de los derechos humanos a manos de los Estados. Es importante que la sociedad civil se cuestione cómo podría el funcionamiento de los derechos humanos guiar la implementación de los ODS, y de manera inversa, como podrían ser utilizados los ODS como herramienta para la puesta en marcha y realización de las obligaciones en materia de derechos humanos. Es absolutamente imprescindible que la sociedad civil y los movimientos sociales monitoreen estos objetivos, creando los métodos que puedan servir para lograr un monitoreo y una labor de promoción y defensa más amplios, a través de mecanismos internacionales y plataformas locales o regionales, y proporcionando un análisis sobre las causas estructurales de las violaciones de derechos humanos. Esta iniciativa de monitoreo de los pueblos pretende vislumbrar cómo se podría promover, dentro de algunos procesos importantes, la rendición de cuentas en materia de derechos humanos, conectando los esfuerzos de los organismos internacionales en Roma, Ginebra y Nueva York, y los de los organismos regionales en África y las Américas, con los esfuerzos de la sociedad civil, y manteniendo siempre cierta coherencia.

Desde una perspectiva holística de los derechos humanos, todos los objetivos que conforman los ODS son importantes, aunque nuestros esfuerzos de monitoreo se comprometan directamente con el Objetivo 2: poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, y promover la agricultura sostenible. Sin embargo, para que este objetivo progrese es necesario que lo hagan todos los demás, ya que el derecho a la alimentación y la nutrición no puede realizarse por sí solo en el vacío.      

En la actualidad, el CSA se encuentra debatiendo su relación con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, y más específicamente con el Objetivo 2. La promoción de la implementación de las políticas del CSA podría entenderse como la mejor contribución para el avance de la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible. Además, el mecanismo innovador de monitoreo del CSA podría considerarse como complementario al sistema de monitoreo propuesto por los ODS (este último principalmente basado en datos e indicadores). Esta complementariedad responde primero a su naturaleza cualitativa, y también a su fuerte enfoque basado en la participación directa de las personas que más contribuyen con la seguridad alimentaria, o de las más afectadas por la inseguridad alimentaria y la malnutrición (productores de alimentos a pequeña escala, trabajadores, y grupos más vulnerables a la inseguridad alimentaria y nutricional). De hecho, el proceso de monitoreo del CSA podría complementar el progreso cuantitativo con su evaluación cualitativa de la eficacia de los instrumentos políticos, cuyo objetivo consiste en avanzar la agenda de la seguridad alimentaria y la nutrición, y extirpando los obstáculos estructurales que podrían dificultar la implementación de esta nueva agenda.  

El Proyecto de Monitoreo de los Pueblos

En 2004, los Estados miembros de la FAO adoptaron las Directrices Voluntarias para apoyar la progresiva realización del derecho a una alimentación adecuada dentro del contexto de seguridad alimentaria nacional[viii], las cuales deberían servir para guiar a los Estados en la creación de políticas que pongan en funcionamiento los derechos humanos, y sugieren que dichos Estados establezcan los mecanismos necesarios para monitorear la implementación de tales directrices (Directriz 17). Para poder llevar a cabo un monitoreo basado en los derechos humanos,[ix] los indicadores elaborados por estos procesos de monitoreo alternativos fueron guiados e influenciados por las Directrices del Derecho a la Alimentación, y por otros instrumentos basados también en los derechos humanos promovidos por la sociedad civil dentro del CSA. Entre estos, podemos mencionar las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de Tierras, Zonas de Pesca y Bosques (Directrices sobre Tenencia), el Marco Estratégico Mundial (MEM), y el Marco de Acción para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en crisis prolongadas, reflejando sus conexiones con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Este proceso de monitoreo pretende llegar más allá de la recopilación de datos y de la actividad de los Estados, analizando las causas estructurales de la violación de estos derechos, y comprobando si los Estados cumplen con sus obligaciones en materia de derechos humanos. 

Al fracasar en la utilización de indicadores basados en los derechos humanos, el monitoreo dominante también carece de los indicadores e información necesarios para reflejar las prioridades de los movimientos populares. Los datos son a menudo confusos: no siempre queda claro cómo se recogen los datos, como se presentan, y quien está detrás de los mismos, pero lo que sí que queda claro es que las prioridades y necesidades de la población, así como la situación real sobre el terreno, no quedan reflejados.     

El monitoreo dominante en el área de la seguridad alimentaria y la nutrición fracasa también a la hora de abordar la cuestión en torno al control social del sistema alimentario, y en particular de los recursos naturales (a diferencia de la naturaleza entendido como un recurso o servicio), y al mismo tiempo crea inferencias y propone soluciones basadas en el actual modelo industrial de producción que alimenta la desigualdad económica en todo el mundo. La protección del derecho humano a la alimentación también implica apoyar a las pequeñas y los pequeños productores de alimentos para que puedan realizar sus medios de subsistencia y acceder a los recursos naturales, apoyar los derechos de las mujeres, y crear las condiciones necesarias para que los grupos y comunidades más afectados por la inseguridad alimentaria se encuentren en el centro de la toma de decisiones.

Esta iniciativa pretende convertirse en un proyecto participativo de investigación-acción, siempre abierto al diálogo con los movimientos sociales y las organizaciones de base. Dicha iniciativa mantendrá un enfoque flexible, y será evaluada y ajustada mientras siga progresando. Los éxitos alcanzados en la promoción y defensa de cualquier causa son siempre resultado de un trabajo colectivo. Es por eso por lo que hacemos un llamamiento a todas las personas interesadas en participar y apoyar este proyecto colaborativo: ¡únanse  a nosotras y nosotros! [x]