Es hora de establecer sistemas fiscales progresivos, justos, inclusivos y participativos para garantizar el derecho a la alimentación

El mundo —y especialmente los países en desarrollo— sigue enfrentando las dramáticas consecuencias de crisis múltiples y entrelazadas (económica, social, climática, ecológica, energética y sanitaria) que han agravado la pobreza, el hambre, la malnutrición y las desigualdades. Estos desafíos no sólo profundizan las disparidades existentes, sino que también debilitan la capacidad de los Estados para financiar la realización progresiva de los derechos humanos, responder a la crisis climática y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables.

Además, la gobernanza global y las instituciones financieras, junto con los países que concentran el poder en el Norte Global, imponen una arquitectura fiscal internacional que limita de manera desproporcionada la capacidad de los países en desarrollo para movilizar ingresos tributarios, reduciendo así su margen de acción ante los retos globales actuales.