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Una mirada al derecho más vulnerado del mundo, desde los ojos de los pueblos
Un nuevo informe, promovido por la sociedad civil, saca a la luz los principales retos a los que se enfrenta el derecho a la alimentación y pone de manifiesto que la “situación actual” simplemente no funciona
Enfocado en los principales obstáculos, a menudo ignorados, a los que nos enfrentamos en la realización de nuestro derecho fundamental, ha sido lanzado un nuevo informe realizado a través de un amplio proceso de consulta entre movimientos sociales, comunidades indígenas, productores de alimentos a pequeña escala y ONG. Las conclusiones de este, que giran en torno al uso y aplicación de las Directrices Voluntarias en torno a la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de una seguridad alimentaria nacional (Directrices GTIG)*, ponen de manifiesto que el principal interés del sector privado es perpetuar el hambre. A día de hoy sigue existiendo un vacío significativo entre las políticas y su desarrollo normativo y la realización del derecho a la alimentación, tal y como evidencia el aumento de las cifras de hambre y malnutrición a nivel mundial.
El informe ha sido llevado a cabo por el Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC) para el Encuentro de Temática Global sobre las Directrices del Derecho a la Alimentación que tendrá lugar durante la 45ª sesión del CSA de octubre de 2018. El estudio surge con el objetivo de dar prioridad al “aprendizaje a través de la experiencia” y fortalecer la rendición de cuentas en el CSA, la principal plataforma internacional e intergubernamental de seguridad alimentaria y nutrición, así como fortalecer la importancia las acciones de monitoreo en los espacios de política.
Encarando las causas subyacentes
Cientos de millones de personas – cerca de 821 millones según los últimos datos – sufren, a día de hoy, las consecuencias de la inseguridad alimentaria. Los principales informes al respecto aluden al aumento de los conflictos y al cambio climático como las principales causas del incremento del hambre y de la malnutrición, a lo que suman el alza de las tasas de desempleo y el deterioro de las redes de protección social. No obstante, estos análisis no abordan las principales causas subyacentes, ligadas al género, la raza, las clases y el acceso a los recursos, presentes en la vida diaria de la mayoría de la población.
En esta situación, millones de personas carecen del acceso diario, tanto físico como económico, a una alimentación suficiente, saludable y nutritiva. Asimismo, estas comunidades se enfrentan a importantes obstáculos en la obtención de unos ingresos adecuados que les permitan cubrir, de un modo digno, las necesidades alimentarias de su familia; y satisfacer su derecho y acceso a los recursos necesarios para la producción de alimentos, como son el agua, la tierra, las semillas y la biodiversidad.
La falta de apoyo estatal sigue siendo la norma
En esta misma línea, la significativa influencia que las corporaciones ejercen en la producción de alimentos, hábitos de consumo, precios y marketing, es ignorada. Actualmente, múltiples leyes y políticas apoyan los sistemas agrícolas de producción industrial y monocultivo de alimentos que nutren las cadenas de distribución de las compañías y dañan el medioambiente. Paralelamente, las tasas de malnutrición continúan al alza, con el correspondiente impacto en la salud y bienestar de la población mundial.
Al mismo tiempo, aquellas personas que luchan por la defensa de su propio derecho a la alimentación y el de los miembros de su comunidad, sufren las represalias, son perseguidos y criminalizados y, en demasiados casos, asesinados. Esta y otras muchas violaciones de derechos se suceden a diario en todo el mundo y, en la mayor parte de los casos, no cuentan con ninguna posibilidad de recurso legal, acceso a la justicia ni toma de responsabilidad por parte del estado.
El derecho a la alimentación: una poderosa herramienta
El derecho a la alimentación sigue siendo una herramienta indispensable para terminar con el hambre y la malnutrición en el mundo, gracias al apoyo de sistemas de alimentación sostenibles que respeten la dignidad humana. La realización de este derecho es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria, la erradicación de la pobreza, modos de vida sostenibles, estabilidad social, paz y seguridad, crecimiento económico y desarrollo social y rural. Asimismo, sin el cumplimiento del derecho a la alimentación, sencillamente no será posible alcanzar muchos de las ambiciosas metas recogidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 2030.
En un momento en el que el espacio dejado para los derechos humanos es cada vez mas pequeño, es imprescindible dirigir la atención a las señales de alarma: si no cambiamos de dirección, las violaciones del derecho a la alimentación seguirán aumentando.
Puedes acceder al informe aquí.
NOTA A LOS/AS EDITORES/AS
* Impulsadas por una alianza entre gobiernos, organizaciones de sociedad civil (OSC) y oficinas de la ONU, las Directrices GTIG fueron negociadas a través de un proceso participativo en el Comité de seguridad Alimentaria Mundial (CSA) y aprobadas por unanimidad de todos los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 2004. Desde que fueran aprobadas, las Directrices GTIG han sido utilizadas en la creación de un kit de herramientas y directrices políticas para apoyar a los estados en su aplicación a nivel nacional. Las Directrices también han sido usadas, fundamentalmente por la Unidad del Derecho a la Alimentación de la FAO, para ayudar a los gobiernos en la puesta en marcha de estrategias y legislaciones nacionales dirigidas a la realización del derecho a la alimentación.