UNA PLATAFORMA PARA UNIR LAS LUCHAS POR TODOS LOS DERECHOS HUMANOS

Las colas del hambre son una realidad diaria en muchos puntos de la geografía en el Estado Español. La Covid19 ha incrementado las necesidades de muchas personas y ha hecho visible una realidad que ya estaba ahí antes del virus, pero que debido a múltiples condicionantes se ha hecho más que evidente en estos meses. Según los datos de la Fundación Banco de alimentos la demanda de ayuda se ha incrementado en torno a un 40%. 

Según afirman algunas organizaciones como la Coordinación Baladre, miembro de URGENCI, el hambre ya existía y muchas familias vivían al límite antes de la llegada de la Covid19. Uno de los detonantes para que ahora se haga más visible es que muchas familias hasta este momento sobrevivían gracias a la ayuda familiar, a las abuelas que llenaban neveras o alimentaban a las criaturas y todo eso con las limitaciones de movilidad ya no es posible. Una muestra más de cómo el peso de los cuidados y del sostén de las famlias recae sobre las mujeres. A este hecho se suma además la pérdida de empleo por parte de muchas personas que ha hecho visible realidades que hasta ahora habían podido ser disimuladas. 

Frente a esta situación, se han vivido respuestas diversas y se puede decir que la mayoría están lejos de poder considerada vías de acceso a alimento que se sustente en una visión de derecho a la alimentación. El caso más escandaloso fue durante los primeros meses, el convenio entre el Ayuntamiento de Madrid y Telepizza para poder suplir los menús escolares por productos de esta marca. Esto supuso que en lugar de un menú en la escuela, las familias recibían un lote diario de productos de Telepizza o sandwiches de otra franquicia, marca Rodilla. Esto tuvo como respuesta una denuncia por parte de diversas organizaciones y finalmente este acuerdo ha sido modificado, aunque no sin escuchar a responsables gubernamentales decir que "seguro que los niños y niñas están encantadas con comer pizza todos los días y no se quejan". Este hecho es una muestra de la perspectiva que muchas instituciones tienen a la hora de abordar la  falta de acceso a alimentos de las personas con pocos recursos. Los Bancos de alimentos, siguen siendo hoy el punto de referencia, a pesar de contar con múltiples carencias y  estar basados en las "donaciones" y excedentes que provienen de la gran  distribución. Además, tal y como se reconoce desde la Federación de Bancos de alimentos, no son capaces de dar respuesta a la demanda que hay y tampoco atienden a las personas que no "pueden ser identificadas", es decir migrantes sin documentación en regla, quienes son derivadas en el mejor de los casos a algún comedor social. 

En este contexto, también se han dado casos de buenas prácticas tanto desde movimientos organizados como desde algunas instituciones públicas. El caso de las Islas Baleares que organizó los excedentes de las productoras locales (que no podían contar con el canal de hostelería) y los repartió entre las personas con pocos recursos a través de las oficinas de las Trabajadoras Sociales es un buen ejemplo. Además, muchos grupos de apoyo que han surgido en los barrios se han articulado con otros grupos que ya existían de Agricultura Sostenida por la Comunidad, dando como resultado redes en las que se han involucrado desde las productoras hasta el pequeño comercio de barrio para resolver las urgencias y necesidades de las vecinas y dotarlas de alimentos sanos. 

Los movimientos de personas que luchan contra la exclusión social cada vez hacen más visible la necesidad de trabajar desde una perspectiva de derecho a la alimentación. En este sentido, se está trabajando de forma articulada para presentar una propuesta de Ley por el Derecho a la alimentación. También desde la Coordinación Baladre se ha publicado un libro en estos días que lleva por título "¿Qué comen las que malcomen? fruto de una construcción colectiva con grupos de personas en exclusión social en el que se critica el "asistencialismo alimentario" y se comparten propuestas sobre cómo debería articularse una respuesta basada en un enfoque de derechos para todas las personas.