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Pronunciamiento de la Sociedad Civil Ecuatoriana sobre el Tratado Vinculante para Empresas y Derechos Humanos.
En el proceso hacia la construcción y ratificación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, el Estado ecuatoriano ha desempeñado un papel protagonista. Sin embargo, la Sociedad Civil afirma que está en deuda con el país, la comunidad internacional y con el planeta, debido a las violaciones de derechos humanos y abusos de poder por parte de las grandes empresas en los territorios que se vienen denunciando desde los años 70
En la política internacional se mantiene la división histórica entre un enfoque voluntario y un enfoque obligatorio de las normas, que se requieren para impedir esas violaciones y sancionar a las empresas responsables. En este contexto surgieron en Naciones Unidas en 2001 los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos como mecanismo voluntario para proteger, respetar y remediar.
A pesar de que este enfoque voluntario ha demostrado ser insuficiente frente al poder corporativo y las violaciones de derechos humanos de los pueblos y de la naturaleza, los Estados continúan promoviendo su aplicación ahora mediante Planes de Acción Nacionales sobre empresas y derechos humanos. Entre ellos, el Estado ecuatoriano que anunció a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el inicio del proceso de elaboración del Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos mediante un Grupo de Trabajo encargado de desarrollar un “instrumento internacional jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los Derechos Humanos”, de conformidad con la resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos adoptada el 26 de junio de 2014.
Este sería el primer instrumento jurídicamente vinculante a nivel internacional que permita sancionar a las empresas cuando cometen abusos de poder y violaciones de derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza.
Un ejemplo de la importancia del tratado se demuestra en el caso Chevron, en el que durante más de 27 años se viene luchando por el acceso a la justicia para lograr la reparación del daño causado por la petrolera. A pesar de contar con una sentencia firme favorable a los afectados, en 2018 un panel de árbitros privados con sede en La Haya concluyó que la sentencia ecuatoriana dictada contra Chevron-Texaco fue fruto del fraude, lo que la vuelve inejecutable en cualquier país. El caso Chevron sirve como ejemplo para visibilizar el hecho de que dentro del país los proyectos petroleros, mineros, hidroeléctricos, agroindustriales y otros en manos de grandes empresas, violan los derechos humanos de los pueblos, de las personas trabajadoras y de la naturaleza sin consecuencias para la reparación e indemnización por los daños causados. ADemás, estos proyectos no respetan las consultas ni la posibilidad de los pueblos de decir No.
Por todo ello los pueblos, los sindicatos, los Movimientos y organizaciones sociales ecuatorianas, entre las que figuran FIAN Ecuador, instan al Estado ecuatoriano a tomar medias y posicionarse en la sesión del Grupo de Trabajo sobre este instrumento, jurídicamente vinculante, que se reunirá en la semana del 26 al 30 de Octubre en Ginebra.
Se puede encontrar el posicionamiento y las medidas que se solicitan aquí
Enlaces y referencias
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Pronunciamiento de la sociedad civil ecuatoriana sobre el Tratado Vinculante para Empresas y Derechos Humanos
Visit Link http://www.biodiversidadla.org/Documentos/Pronunciamiento-de-la-sociedad-civil-e…