Esta semana la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de Colombia debate la licencia para las fumigaciones con Glifosato.
El próximo sábado 19 de Diciembre la ANLA de Colombia realizará una audiencia en el trámite de la licencia ambiental para volver a las fumigaciones aéreas con glifosato. Esta práctica, además de conllevar efectos muy negativos para el medio ambiente y para la salud, ha demostrado ser mucho menos eficaz que otras prácticas más respetuosas con los ecosistemas.
Esta semana la ANLA realizará una audiencia para el trámite de la licencia ambiental de las fumigaciones con Glifosato en Colombia. Las consecuencias que este tipo de fumigaciones conllevan para el medio ambiente y para las personas son conocidas, hasta el punto de que la propia Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS señaló que el Glifosato es probablemente cancerígeno para seres humanos. Recientemente además, se ha publicado un estudio en la revista BMC Public Health en el que se concluye que actualmente hay alrededor de 385 millones de casos de intoxicaciones agudas por pesticidas en todo el mundo frente a los 25 millones registrados en 1990, lo que deja claro la poca eficacia en el control de las consecuencias en el uso de agroquímicos y asimismo en las posibles reparaciones del daño causado.
Más allá de este argumento, desde Dejusticia argumentan otras cuestiones en un artículo publicado recientemente: Las fumigaciones no son efectivas, su viabilidad jurídica es precaria y existen mejores estrategias. Más allá de las consecuencias para la salud, las fumigaciones afectan la legitimidad insitucional, pues las poblaciones locales rechazan a un Estado que contamina el ambiente, afecta su salud y destruye sus fuentes de ingresos, sin ofrecer otras alternativas. En este sentido, se pone de relevancia los efectos positivos que han tenido otras prácticas. Tal y como afirman en el artículo, las zonas en las que ha operado el programa de sustitución del Acuerdo de Paz (el PNIS) la erradicación voluntaria ha funcionado, pero el gobierno está ahogando financieramente ese programa mientras reserva recursos cuantiosos para las fumigaciones.
Por último, desde Dejusticia señalan que la viabilidad jurídica de las fumigaciones es muy débil. EN el ámbito interno debe cumplir con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia T-236 de 2017 y en el Auto 387 de 2019. Y a escala internacional, las fumigaciones deben respetar los estándares internacionales en la materia, que fueron sintetizados en las directrices internacionales de política de drogas y derechos humanos avaladas por el PNUD, la OMS y Onusida, en colaboración con la Universidad de Essex. Estas directrices señalan que están prohibidas las fumigaciones para erradicar cultivos ilícitos “a menos que se demuestre que dichos productos químicos no representan un riesgo para la vida humana o el medio ambiente”.
Por todo ello, la pregunta que se hacen es, con todas estas evidencias ¿Por qué tanta insistencia en reanudar las fumigaciones?
